Actos
de investigación que requieren autorización del juez de garantías: 1.1
Allanamientos de: residencias, oficinas y muebles y oficinas gubernamentales
(Art. 293 al 306 CPP).
El Fiscal solicitará al Juez de Garantías por
escrito a través de cualquier medio idóneo la autorización para el
allanamiento.
La solicitud fiscal deberá contener:
- La
identificación concreta del lugar o los lugares que deberán ser registrados.
- La finalidad del registro.
- Los motivos y las pruebas que fundan la
necesidad de allanamiento y el momento para realizarlo.
- El
nombre del fiscal responsable de la ejecución de la medida.
- La firma del fiscal que requiere la
autorización.
Guía para Actuaciones del Fiscal en el Proceso
Penal Acusatorio.
El
Juez de Garantías examinará el cumplimiento de los requisitos formales y la
razonabilidad de los motivos de la solicitud del fiscal, resolviendo
inmediatamente y sin más trámites la petición.
El
plazo para resolver sobre la solicitud es de dos horas desde que fue recibida
la solicitud por el juez.
Límites:
todo allanamiento se limitará exclusivamente a la ejecución del hecho que lo
motiva y no se extenderá a otros hechos no señalados, salvo el hall[1]azgo casual de evidencias
de otro delito.
De todo allanamiento se dejará constancia en
un medio tecnológico y al finalizar la diligencia se levantará un acta en la
que conste la fecha, el lugar, el nombre, la firma de los intervinientes, la
duración y cualquier otro aspecto relevante.
Copia de esta acta se les entregará a los
afectados, si la solicitan. Guía para Actuaciones del Fiscal en el Proceso
Penal Acusatorio
1.2 Allanamiento de residencias:
1.3
Allanamiento de oficinas y muebles: Los lugares habitados o sus dependencias
inmediatas pueden ser allanados con autorización previa del juez de garantías,
entre las seis de la mañana y las diez de la noche, cuando el morador o su
representante lo consientan o en los casos sumamente graves o urgentes podrá
procederse a cualquier hora y deberá dejarse constancia de la situación de
urgencia en la resolución que autorice el allanamiento. (Art.293 CPP).
El allanamiento de locales públicos o
establecimientos de reunión o recreo, mientras estén abiertos al público y no
estén destinados a la habitación, así como las casas de negocios u oficina, los
automóviles, los buques y aeronaves deberán ser siempre autorizados por el juez
de garantía. No regirán las limitaciones de horario establecidas para el
allanamiento de residencias en el Art. 293 CPP.
Se podrá prescindir de la orden de
allanamiento con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo
estén los locales, dejando constancia en el acta o en el registro de la
filmación. (Art.294 CPP).
1.4 Allanamiento de oficinas gubernamentales:
Cuando el registro sea de una oficina de los órganos del Estado, del municipio
o de una entidad autónoma del Estado, se realizará en presencia de un
funcionario de esa oficina o entidad. (Art. 295 CPP).
La policía puede allanar, sin orden judicial,
en caso de flagrancia, para evitar la comisión de un delito o en respuesta a un
pedido de auxilio para socorrer a víctimas de crímenes o desastres.
El
fiscal podrá ordenar la realización del allanamiento sin orden judicial si hay
peligro de pérdida de la evidencia o si se deriva de un allanamiento
inmediatamente anterior. En ambos casos la diligencia debe ser sometida al
control posterior del juez de garantías dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes. (Art. 298 y 306 CPP).
Ejemplo:
La jueza de Garantías, Isis Samaniego, decretó legal el
allanamiento excepcional realizado por el Ministerio Público a una residencia,
ubicada en el Chirù de Antón, donde se encontró presuntas evidencias
relacionadas con el homicidio de Carlos Cigarruista.
El Ministerio Público solicitó esta audiencia de control de
legalidad posterior al allanamiento, a través de la fiscal Yarisel Fernández,
toda vez que la propietaria prestó consentimiento y voluntariedad, y en la casa
se encontraron artículos que supuestamente se vinculan al citado homicidio.
El allanamiento fue excepcional para evitar que las supuestas
evidencias fueran extraviadas o sustraídas.[2]
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